La Sesión Extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, que había comenzado al aire libre el 22 de agosto en el Complejo Universitario “Islas Malvinas”, se reanudó el jueves 31 de agosto en el Edificio Central de la UNSJ. Durante la sesión, se proyectó el texto redactado con contribuciones de diversos sectores de la universidad en defensa del sistema público de educación y ciencia.
El documento se reproduce a continuación:
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, en representación de estudiantes, docentes, nodocentes y graduado/as expresa:
A cincuenta años de la creación de la UNSJ, resulta necesario y oportuno reconocer su indisoluble vinculación con la comunidad sanjuanina. La educación en nuestro país es un derecho constitucional y universal; implica una inversión, pues es el camino para aportar a una sociedad menos desigual, más justa, más soberana y que dé respuestas a los desafíos que a Argentina se le presenten.
Es sólo en las Universidades públicas donde docencia, extensión e investigación se asumen con un espíritu de contribución a la sociedad y se traducen luego en políticas públicas y en la matriz productiva para nuestra vida cotidiana. Los saberes activos surgidos en nuestra institución son un bien público de uso social que proporcionan programas educativos de capacitación y formación técnica profesional también a personas que no han podido acceder a una formación de grado universitario.
Nuestro sistema universitario, ya desde la Reforma Universitaria de 1918, promovida por estudiantes y trabajadores combatió la idea de una Educación Superior elitista. Asimismo, desde 1949, año en que se decreta la eliminación de los aranceles universitarios, la Educación Superior es gratuita y el Estado garantiza su financiamiento para toda la ciudadanía.
A medio siglo de creación de nuestra Universidad y a más de 200 años de existencia de las universidades públicas, la UNSJ asume siempre un rol de compromiso con la educación, la extensión e investigación, así como con la defensa de la inclusión educativa y la igualdad de género.
Asumir a la Educación Superior como un bien público social es imprescindible para garantizar el efectivo acceso universal, la permanencia y el egreso, atendiendo a una formación de calidad con inclusión. La educación debe ser abordada desde la solidaridad y no desde la competencia, desde la cooperación y el trabajo mancomunado entre las distintas partes de la comunidad.
El desarrollo de la ciencia está asociado directamente al pleno ejercicio de la soberanía de los pueblos. La producción de conocimiento libera e independiza a las naciones e impulsa un crecimiento autónomo.
Las Universidades Nacionales son instituciones que ejercen con responsabilidad la tarea de producir y comunicar la ciencia, la tecnología y la innovación, y se vinculan estrechamente al Sistema Nacional de Investigación Científico Tecnológico. Permiten el desarrollo integral de las personas, el empoderamiento de la ciudadanía y la construcción de una sociedad más justa, libre, soberana y democrática. Promueven el progreso tecnológico, científico y cultural del país y contribuyen así al bienestar colectivo y a la grandeza de la nación. La educación pública no sólo forma profesionales de excelencia, también contribuye a la construcción de ciudadanía.
El acceso a la educación universitaria no debe ser un privilegio sino un compromiso con el pueblo, con todas las personas cuyo esfuerzo diario permite que miles de jóvenes y adultos puedan acceder de manera gratuita a su formación profesional.
En 2008 la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRES) declaró a la Educación Superior como “un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.
La educación pública es base del desarrollo social, cultural y económico de una comunidad; es pilar fundamental de la movilidad social ascendente; garantiza el acceso universal e igualitario sin discriminación por motivos económicos, sociales y culturales; influye en el bienestar de estudiantes y sus familias, y aporta a la transformación de la comunidad.
Ante lo expuesto, la comunidad de la UNSJ convoca a reafirmar los principios constitucionales vigentes del Estado argentino para garantizar el financiamiento de la ciencia, la cultura y la educación; a proteger el financiamiento de la investigación científica técnica del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y, específicamente, a preservar al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), fundado en 1958, y que desde entonces honra la ciencia argentina en el ámbito nacional e internacional.
Reafirmamos la obligatoriedad del Estado en el financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, por lo que todo intento de privatización es un cercenamiento de derechos. Toda iniciativa orientada a desplazar al Estado de su rol como actor principal para la promoción de un desarrollo con equidad y la búsqueda del bienestar general, se configura como un proyecto contrario a los intereses de la nación.
